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¿Debemos seguir pagando la vigilancia del palacio de Aguirre? Lo decidirá el Ministerio

Cámara de seguridad en Jesús del Valle | SOMOS MALASAÑA

Cámara de seguridad en Jesús del Valle | SOMOS MALASAÑA

Cuando un político deja de tener un cargo público, los beneficios asociadosal mismo suelen también cesar o, al menos, revisarse. No fue así en el caso de Esperanza Aguirre, quien abandonó la presidencia de la Comunidad de Madrid y la política en septiembre de 2012 pero mantuvo la vigilancia de su casa pagada con fondos públicos hasta día de hoy.

Esta vigilancia, compuesta por once guardias civiles en activo, se realizaba desde una garita de seguridad instalada en el propio palacio en el que vive Aguirre, en la calle Jesús del Valle. El portal es fácilmente identificable por cualquier vecino que pase por allí: es el único que tiene cámaras de seguridad en la puerta, que se controlan desde la citada garita.

Este martes, la Comunidad de Madrid anunció que dejaría de pagar este servicio a Aguirre, después de que el fin de semana el diario Vozpópuli levantara el supuesto escándolo de que también habría estado pagando el coste de la factura eléctrica del domicilio de la expresidenta, al menos entre los años 2003 y 2012, unos 34.000 euros (Aguirre replicó que esos importes no correspondían a su casa, sino a la ya famosa garita de seguridad, aunque por el momento no ha aportado prueba alguna que justifique el desorbitado precio de la factura para una instalación tan pequeña).

En cualquier caso, Aguirre adeuda a Fenosa, su compañía eléctrica, 5.000 euros en facturas de luz impagadas de la citada garita, acumuladas desde 2013, cuando Ignacio González ordenó que la Comunidad dejara de abonar este servicio. Parece que a la actual concejala del PP en el Ayuntamiento no le ha sentado bien la decisión de la Comunidad y todo este escándalo, informa ABC.

Ahora, la continuidad de la escolta de Esperanza Aguirre depende del Ministerio del Interior, que tendrá que decidir antes del mes de diciembre si la mantiene o pone fin a un servicio pensado para altos cargos del ejecutivo regional, en unos tiempos en los que la banda terrorista ETA se encontraba activa.

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