primer periódico hiperlocal español | año VIII | 23 de junio de 2017

Medidas que planea el Ayuntamiento para frenar el alquiler de viviendas turísticas

El Ayuntamiento apremia a la Comunidad de Madrid a tomar cartas en el asunto de la proliferación de viviendas de uso turístico y traza un plan para mitigar sus efectos nocivos.

Foro sobre vivienda turística con representantes de las ciudades de Ámsterdam, Londres, Barcelona y Madrid | Foto: Somos Malasaña

Madrid ha llegado tarde al tema de la regulación del alquiler de viviendas de uso turístico. El mismo concejal de Ordenamiento Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, no duda en reconocer que hace dos años, al inicio de la presente legislatura, el asunto no estaba ni esbozado en la agenda política de su grupo. Sin embargo, la celeridad con la que crece este tipo de oferta de alojamiento, la distorsión que provoca en el mercado del alquiler residencial y lo que incide en la propia transformación del tejido vecinal y comercial de los barrios, lo ha convertido en la actualidad en uno de los temas prioritarios de los que ocuparse. Sólo en el distrito Centro habría unas 10.000 viviendas a disposición de los turistas, un 12% del total, según un reciente estudio del Ayuntamiento. Urge hacer algo, aunque las competencias y materia turística las tenga una Comunidad de Madrid que, por el momento, se ha puesto de perfil ante esta problemática.

A la hora de tomar ideas para establecer medidas, nada mejor que fijarse en lo que ya han hecho otras ciudades con idéntico problema y mucha más experiencia a la hora de lidiar con este toro. El pasado jueves, Ahora Madrid organizó un foro en el que representantes de Ámsterdam, Londres y Barcelona explicaron cuál es la situación del alquiler de viviendas turísticas en sus respectivas ciudades y cómo le están haciendo frente. En ese encuentro, los representantes madrileños -el mismo Calvo y el concejal de distrito Centro, Jorge García Castaño-, avanzaron la batería de medidas que estaban barajando para tratar de paliar los efectos nocivos de este mercado en Madrid.

El modelo a seguir, principalmente, sería el que ya funciona en la ciudad de Ámsterdam. De este modo, Calvo plantea establecer un número máximo de días al año en los que sí sería posible alquiler una vivienda a los turistas (en la capital de Holanda ese máximo es de 60 días y piensan en bajarlo a la mitad), garantizar que sólo sea el residente habitual en una vivienda quien la ofrezca al turismo (de esta forma se permite la parte de economía colaborativa de este tipo de alquileres pero se deja en fuera de juego a empresas, fondos de inversión y multipropietarios, que hacen negocio en este sector), crear un sistema de vigilancia férreo para hacer cumplir la legislación al respecto que finalmente se apruebe y establecer una tasa que grave este tipo de alquiler, destinando principalmente lo recaudado con ella a sostener la citada inspección del sector. Negociar con las empresas comercializadoras -Airbnb y compañía- de este tipo de alojamientos también está entre las prioridades de Madrid. En esa negociación, de lo que se trataría es de lograr la colaboración de las comercializadoras para que ayudasen a hacer cumplir la ley vigente.

Sin embargo, se da la circunstancia de que todo lo que tiene que ver con el turismo en Madrid es asunto de la Comunidad, por lo que lo primero que debe de hacer el Ayuntamiento para poder tomar cartas en el asunto es presionar al Gobierno de Cristina Cifuentes para que actúe. La actual exigua legislación madrileña sobre el tema permite el alquiler a turistas de una vivienda con el simple hecho de inscribirla en el registro de viviendas turísticas de la concejalía de Turismo. Calvo ha pedido a Cifuentes que, o bien su Gobierno se involucra en el asunto, o bien transfiere esas competencias al Ayuntamiento para que pueda proceder.

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