primer periódico hiperlocal español | año VIII | 17 de diciembre de 2017
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Por qué tu comunidad de vecinos no podrá prohibir los pisos turísticos si ya tiene uno dentro

Si al menos un propietario explota una casa en Airbnb será muy fácil tumbar el proceso de cambio de estatutos

Jornada de visibilización de viviendas turísticas en Lavapiés | LAVAPIÉS, ¿DÓNDE VAS?

La Comunidad de Madrid ha anunciado a bombo y platillo la apertura del proceso para un nuevo decreto que regulará el actualmente descontrolado mercado de vivienda turística y legalizará los pisos residenciales que actualmente se dedican a ser alquilados a turistas como habitaciones o apartamentos de hotel a través de plataformas como Airbnb. Solo en el distrito Centro son ya 9.273, según un reciente estudio del Ayuntamiento.

La principal novedad que ha destacado el gobierno de Cifuentes es la de que las comunidades de propietarios podrán vetar los apartamentos turísticos en sus edificios, siempre que recojan esa prohibición en sus estatutos. Lo que no detalló son los pasos necesarios para conseguir hacerlo. Son los siguientes:

  1. La comunidad de propietarios ha de convocar una junta general para aprobar la prohibición de viviendas turísticas en su edificio. Puede ser en la junta anual y votarse otros temas, pero este en concreto tendrá que ser aprobado por unanimidad, es decir, con los votos favorables de todos y cada uno de los asistentes.
  2. Pasada la junta, se ha de enviar a todos los propietarios una copia del acta de la junta general, para que reciban cumplida información en el caso de que no asistieran.
  3. Cada propietario tiene un plazo de 30 días naturales, a contar después de la recepción del acta, para oponerse al acuerdo de la prohibición de acoger viviendas turísticas. En el caso de no exponer su opinión se dará por hecho que asiente con la decisión aprobada en la junta por unanimidad.
  4. Pasados los 30 días de plazo y solo si no hay propietarios en contra, la comunidad puede acudir al Registro de la Propiedad para modificar sus estatutos, siempre que se justifique que todos los pasos anteriores han tenido lugar de forma correcta.

Misión casi imposible

El proceso burocrático necesario para el cambio de estatutos de una comunidad permite que si al menos un propietario de esa comunidad de vecinos explota una vivienda turística, sea muy fácil tumbar cualquier modificación en los estatutos encaminada al veto. Según Susana Fernández Robledo, experimentada administradora de fincas en Madrid centro, “lo de los estatutos es una trampa porque es imposible conseguir la unanimidad. Si hay alguien que realiza esta actividad votará en contra y otros que piensen en hacerla, también. Además, prácticamente ninguna comunidad tiene esta prohibición recogida ya en sus estatutos porque es un fenómeno muy nuevo y son pocas las comunidades que tienen actualizados los estatutos, que son normalmente antiguos”.

Solo cabría una posibilidad para los propietarios que no quieran vivir junto al traqueteo de maletas constantes, si el decreto de la Comunidad de Madrid se aprueba como se ha formulado: que se demande judicialmente a cada uno de los propietarios que votaron en contra, para que sea un juez el que decida si se cambian o no los estatutos.

El problema de este procedimiento es que empezará a operar en un parque inmobiliario, el de Madrid, donde sus comunidades de vecinos ya están infestadas de vivienda turística, especialmente en su zona centro. Los últimos datos publicados por el Ayuntamiento de Madrid indican que el 12,3% de las viviendas ya se ofertan como alojamientos turísticos (una por portal, de media). La situación en barrios como el de Sol es aún más grave, con el 31,2% de casas metidas ya en el mercado Airbnb.

Ayuntamiento: “Barra libre para la vivienda turística”

El Ayuntamiento de Madrid es muy crítico con la propuesta de Cifuentes. Su delegado de Urbanismo afirma que este decreto significará una “barra libre” para la vivienda turística en la capital y una “mercantilización de derechos”. Fuentes de su área ven preocupante que con este modelo, que todavía puede ser modificado “se delega la responsabilidad sobre la proliferación de las viviendas de uso turístico en las comunidades de vecinos”, explican a Somos Malasaña. Para Ahora Madrid, “el PP de Cifuentes no tiene modelo de ciudad en lo que a regulación turística se refiere, prefiere que cada comunidad de vecinos resuelva por su cuenta, enfrentando a vecinos con fondos de inversión y especuladores, y no teniendo en cuenta el derecho de los vecinos y vecinas a disfrutar de un modelo de barrio basado en la convivencia, en los espacios públicos y en las dotaciones pensadas para residentes permanentes”.

La propuesta de Cifuentes, presentada este martes, no aborda los problemas en portales donde las viviendas Airbnb son ya mayoría, ni el fenómeno de las empresas depredadoras de alquileres. Tampoco afronta situaciones como las que se han vivido en Barcelona, ciudad en la que empresas están realquilando viviendas que rentan a su nombre a largo plazo y luego las introducen ilegalmente en el mercado del alquiler vacacional, ante la permisividad de Airbnb y la impotencia de sus propietarios, que incluso se ven obligados a okupar su propia casa para recuperar el control sobre ella. Del mismo modo, aborda el tema como un asunto meramente de turismo, obviando que, sin embargo, se trata sobre todo de un problema de vivienda, de cómo la proliferación de alquileres turísticos afecta a los vecinos de un área sacando del mercado de alquiler residencial miles de pisos.

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