primer periódico hiperlocal en España | año VII | 6 de diciembre de 2016
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Se abre la vía negociadora para el alquiler social en La Manuela

Foto de @ViviendaCentro

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Poco a poco vamos sabiendo cosas del edificio de CaixaBank okupado en la calle Corredera Baja de San Pablo 33 el pasado 5 de enero. Las primeras horas de una okupación son las más críticas, y durante estos días se están produciendo las tradicionales permanencias por turnos (además de las de los nuevos vecinos del edificio de viviendas, personas desahuciadas o con otros problemas habitacionales).

Pronto supimos que el edificio se llamaría La Manuela “en honor de la mítica calle”, pues parece que el nombre gustaba pero el personaje a quien hace alusión – Manuela Malasaña – suscitaba debate.

En un escenario poco habitual, un piso, se ha llevado a cabo hoy una rueda de prensa. En la mesa tres mujeres. Una de ellas, Marisa, una vieja conocida del barrio, cuyo desahucio en la calle Hernán Cortés se ha parado en dos ocasiones. Es una de las nuevas inquilinas de Corredera 33.

En la rueda de prensa se ha leído un comunicado en el que se ha vuelto a informar de la naturaleza de la okupación: se inserta dentro de la campaña estatal Obra Social impulsada por la PAH y se ha llevado a cabo por las asambleas de barrio del 15M agrupadas en Obra Social Madrid, especialmente por la joven Asamblea Vivienda Centro, en la que colaboran las de Austrias, Letras, Lavapiés y Malasaña. En el edificio, el segundo liberado en Madrid, vivirán doce familias.

Lo más novedoso de lo que se ha explicado es que CaixaBank ha mostrado su disposición a negociar, algo demandado desde el primer momento por los okupas. Las portavoces han hecho ver que la actitud negociadora, hablando de un edificio que lleva – salvo el lapso de cuatro meses de la anterior okupación – casi cuatro años cerrado, ha sido posible precisamente por la presión ejercida por la acción. “El riesgo de vivir en la calle es mucho mayor que el riesgo de recuperar un edificio”, han explicado y, efectivamente, parece que se abre la posibilidad de un alquiler social para las familias que han okupado el edificio.

Así mismo, se ha explicado que el único objetivo no es realojar a doce familias, sino que se enmarca dentro de un problema amplio sobre el que pretenden llamar la atención. “Seguiremos recuperando edificios y haciendo efectivo el derecho a la vivienda digna”, han dicho.

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