primer periódico hiperlocal en España | año VII | 5 de diciembre de 2016
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“Vamos a seguir luchando por este edificio que lleva siendo nuestro hogar medio año”

Rueda de prensa en el quinto piso de La Manuela

Rueda de prensa en el quinto piso de La Manuela

Después de anunciar discretamente en redes sociales que la jueza ha ordenado el desalojo de La Manuela, el bloque de viviendas okupado en la Corredera Baja de San Pablo 33, la Asamblea de Vivienda Centro convocó una rueda de prensa para dar todos los detalles sobre la situación del inmueble hoy, lunes 21 de julio, a las 12 de la mañana.

La Manuela fue el segundo edificio liberado por la Obra Social Madrid y Vivienda Centro y es, ahora, el primero que se enfrenta a un proceso de desalojo. La jueza ha decretado desalojo cautelar sin fecha, de lo que se han enterado las veinte familias habitantes, no por ningún tipo de notificación oficial, sino por la consulta continuada que los abogados de Legal Sol hacen del estado de la denuncia que en su día interpuso CaixaBank en los juzgados.

Según han explicado vecinos y miembros de la Asamblea de Vivienda Centro, ellos entienden que hay una contradicción clara entre lo que ha hecho y ha querido predicar la entidad bancaria. Pese a que estaba en marcha un proceso de negociación, la entidad ha decidido mantener la vía judicial iniciada en un primer momento, lo que les lleva a pensar que simplemente quieren – pese a las buenas palabras que han venido recibiendo – ver a los ocupantes del inmueble en la calle.

Los contactos con la entidad propietaria se han producido de manera continua a través de correo electrónico, teléfono y de manera presencial. La última reunión fue hace un mes. Desde La Manuela se presentaron veinte fichas a CaixaBank para conseguir alquileres sociales, de las que la entidad aceptó 13 y rechazó el resto.

La asamblea de La Manuela, sin embargo, se queja de la rigidez de los procedimientos de CaixaBank, que no tiene en cuenta los ingresos de las familias, dando como resultado ofertas de alquiler alejadas de las posibilidades económicas de algunos de los habitantes del inmueble. También – recalcan – se trata de alquileres en lugares muy lejanos de sus sitios de arraigo, sus redes familiares y sociales, las únicas “por las que están pudiendo sobrellevar la situación”. Habitualmente se entiende que un alquiler que sobrepase el 30% de los ingresos de la unidad familiar no puede denominarse social.

El equipo jurídico que asiste a los ocupantes de La Manuela entiende que la orden contiene numerosos defectos de forma, por lo que, durante esta semana, se están llevando a cabo las alegaciones pertinentes. El fundamental es la ausencia de notificación que, insisten, provoca en los vecinos “la angustia de poder ser desalojados en mitad de la noche o encontrarse de repente con los antidisturbios”.

Lo que piden vecinos y activistas es “respeto para los acuerdos alcanzados, paralizar los desalojos y la consecución de alquileres sociales” para quienes allí viven.

Como viene siendo habitual en los comunicados y declaraciones de los activistas por el derecho a la vivienda digna en sus distintas instancias – PAH, Asamblea de Vivienda Centro, Oficina de Vivienda u Obra Social Madrid –, se ha insistido en el encaje político de las okupaciones de vivienda con otras luchas, como la de la familia Gracia González en Ofelia Nieto 29, o la amenaza vigente de desalojo de varios centros sociales, como el Patio Maravillas, La Morada o La Casika. Mañana mismo, recordaban, se pretende desalojar La Traba, en Arganzuela.

En cuanto a la hoja de ruta que se plantean seguir ahora, y sin dar muchos detalles de momento, cuentan que seguirán las vías judiciales que sus abogados estimen, tratarán de hacer todo el ruido mediático que puedan y, sobre todo, piensan “seguir luchando por este edificio que lleva siendo nuestro hogar casi medio año y que llevaba años vacío”.

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